El procurador general de la Nación, Esteban Righi, creó una unidad fiscal anticorrupción que se encargará de seguir y coordinar las causas contra funcionarios.“Ninguna solución sana ha de venir por la vía del desconocimiento de la realidad que viven estos conciudadanos”, dice el dictamen de Righi y agrega que la “clarificación” de la situación legal que atraviesan las parejas de gays y lesbianas que quieren casarse “es una deuda que el sistema político-jurídico debe saldar”. La declaración forma parte del extenso dictamen en el que evalúa el pedido de inconstitucionalidad de la ley de matrimonio civil que la dirigente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGTB) María Rachid y su mujer Claudia Castro elevaron a la Corte Suprema, tras un fallido intento por convertirse en esposas ante la ley.
Según ha publicado el diario Página 12, el dictamen de Righi se refiere a la necesidad de que el Estado responda a una demanda cuya falta de respuesta afecta a un número importante de ciudadanas y ciudadanos. Esa dimensión numérica convierte una cuestión privada en cuestión de interés público. Que haya parejas formales compuestas por personas del mismo sexo, y que esas personas deseen el reconocimiento legal de esas uniones significa que algo ha cambiado desde que se redactó la ley de matrimonio civil. Por ello, lo cuestionado “es la potestad estatal de restringir la libertad de consentimiento en punto a la complementariedad sexual, por la vía del diseño matrimonial imperativo”, es decir, el heterosexual.
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